POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Los diez primeros imputados en exponer en la vista sobre medidas de coerción de la operación Calamar destruyeron el alegato de persecución política esgrimido por los peledeistas al declararse culpables y dispuestos a cooperar con el ministerio público.
Esta postura coloca en una situación difícil a sus supuestos socios y exministros Gonzalo Castillo y Donald Guerrero y al exencargado administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, entre otros, quienes ayer trataban de librarse de la prisión preventiva de 18 meses que reclaman los fiscales haciendo énfasis en el arraigo ante la jueza Kenya Romero, coordinadora de loa juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El grupo que aceptó la acusación el viernes y que recibiría el beneficio de una coerción domiciliaria, se suma a otras siete personas identificados como parte del entramado de corrupción que colaboran desde inicios del proceso de investigación y que no fueron encartados.
“La forma como estos imputados han narrado ante el tribunal como operaba este entramado de corrupción que, incluso, ellos le informaban al tribunal que se comportaba como una mafia y que debemos confesar que dijeron más de lo que esperábamos nosotros y fueron más lejos incluso en varios puntos en los que había llegado el ministerio público”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho al concluir la audiencia.
La Procuraduría decidió acusar a los 20, que guardan prisión en la “carcelita” del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos y privados, prevaricación, entre otros cargos.
El miércoles último, el presidente norteamericano Joe Biden endosó las medidas anticorrupción del gobierno dominicano, que amplió la embajada local. Milagros Ortíz Bosch, directora de Ética gubernamental corrigió una impresión del mandatario, al explicar que se trata de 110 comisiones ética y no oficinas en provincias.
La dirección del PLD reaccionó tras los allanamientos y apresamientos apelando a contracusaciones al partido de gobierno y al presidente Luis Abinader y anuncios de movilización de sus miembros, llegando algunos hasta el edificio de reclusión de sus compañeros, donde destruyeron una puerta de cristal. En un segundo episodio, la Policía Nacional amplió el perímetro de protección y lanzó gases lacrimógenos cerca del local principal de la organización lo que afectó a peledeistas y periodistas, generado censuras públicas.
Este segundo enfrentamiento hizo subir el tono morado y algunos de sus dirigentes hablaron de dictadura y abandonaron sesiones en el Congreso Nacional. Acusaron a la Procuraduría de ser un instrumento de la reelección abinaderista, lo que provocó la reacción de Miriam Germán que tildó de agravió el intento de enlodar su gestión y defendió la labor de Yeni Berenice Reynoso y Camacho.
El PLD ha bajado el volumen, pero en las redes hay una intensa campaña contra el ministerio público y las acusaciones que pesan contra peledeistas, con énfasis en que no se persiguen alegados corruptos de este gobierno o perremeistas mencionados en la Operación Calamar, como el caso de diputados Goris Moya.
“Nosotros vamos a investigar y llevaremos ante los tribunales a todas las personas que tengamos evidencias que han cometido ilícitos; ese ha sido nuestro accionar en todos los casos y en este no hay ninguna razón para que sea la excepción”, dijo Camacho al ser preguntado sobre el tema.
El abogado Luis Miguel Pereyra, que una ocasión defendió a Margarita Cedeño ante un intento político de dañar su reputación y que ha rechazado 8 propuestas para defender acusados de corrupción dijo que Calamar es “espeluznante, grave” y ponderó que sin las delaciones “no habría un expediente con la calidad y los datos que el que ahora tiene casi completa la red”.
